Antes de empezar, miremos los hechos verídicos y comprobados. El 10 de Mayo de 2016, se publicó en la página web de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) una cartilla titulada «Ambientes escolares libres de discriminación», documento que manifiesta ser producido por un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la misma UNICEF. Así mismo, también es un hecho que las Secretarías de Educación recibieron directrices para implementar dicha cartilla en las instituciones, tal y como lo muestra la Circular 130-16 de la Secretaría de Educación de Norte de Santander, en la que se invita a una capacitación dirigida por la autora de la cartilla, la «doctora» Liza García Reyes.
La cartilla es un extenso documento de 99 páginas que se basa en la premisa de que nadie nace siendo hombre o mujer, o niño o niña, sino que nacemos simplemente con un sexo biológico de macho o hembra y que el crecer como varones o mujeres es una imposición hegemónica social que debe evitarse a toda costa desde la misma escuela porque, según la autora, esa imposición es la causa de gran parte del matoneo escolar y la escuela es el espacio en el que se desarrollan los menores.
Curiosamente, luego de que el documento empezara a circular y a generar reacciones a favor y muchas otras más en contra, la cartilla desapareció del servidor de la UNICEF, y aún más, la misma página donde se indexaba la cartilla también desapareció, lo cuál empezó a generar la sospecha de que entre su grupo de productores había interesados en que no se conociera no sólo el contenido de la cartilla, sino de su misma existencia.
Sin embargo, como todo lo que aparece en Internet nunca termina de desaparecer, encontré una copia de la cartilla en una dirección ftp, copia que se encuentra publicada en Scribd y donde pueden constatar que tan exacta o no es la síntesis que acabo de presentar.
La «doctora» Liza García Reyes, que al igual que su antiguo jefe Gustavo Petro, no ha recibido ningún título de doctorado, y que es la autora del polémico folletín es una reconocida líder dentro de la comunidad LGTBI (al igual que Claudia López, Angélica Lozano y Gina Parody) manifiesta que las sentencias de la corte constitucional obligan a finiquitar esas identidades sexuales y orientaciones sexuales hegemónicas dentro de la escuela, porque así, según ella, es la única forma de garantizar el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Cabe recordar que es sobre ese discurso que la señora García Reyes se gana la vida, como puede comprobar en su perfil de LinkedIn y que como es obvio está más que resuelta a propagar y difundir.
Una vez presentados los hechos, procedo a presentar mi opinión, que dicho sea de paso, no tiene ningún tinte religioso. Es claro que las orientaciones sexuales y las identidades de género son un hecho en la sociedad actual y eso no tiene ningún tipo de freno o de reversa, y que todos los ciudadanos con orientaciones e identidades «hegemónicas» o «no hegemónicas» están protegidos por la constitución y la ley ante cualquier tipo de discriminación. Pero aquí el asunto pasa porque los afectados son menores de edad.
La ley colombiana es muy clara en señalar que un menor de 14 años no está en condiciones para decidir sobre su vida sexual y también en que un menor de 18 años no está en condiciones de votar o de consumir alcohol. Es decir la misma ley colombiana señala que la minoría de edad es un periodo de preparación en el que un menor debe recibir formación para tomar sus propias decisiones cuando cumpla la mayoría de edad.
Así mismo, aquellos que deben proporcionar esta formación en temas de sexualidad son los padres de familia, no los colegios. Estoy en total desacuerdo en esa tendencia de endilgarle a las escuelas todas las responsabilidades que los padres tienen que asumir. Las escuelas bajo este gobierno, han pasado de ser centros de formación en competencias, a ser parqueaderos de niños con ínfulas de guarderías donde los niños no va a aprender, sino a pasar el tiempo y a comer. Y ahora se pretende, encima que sean centros de formación sexuales.
Alguien alguna vez me dijo que en vista de la pobreza y la poca formación académica de los padres hoy en día, estas responsabilidades las debía asumir el gobierno, a través de la escuela ¿pero por qué los contribuyentes deben pagar por la irresponsabilidad de algunos que deciden tener hijos a pesar de no tener como alimentarlos o formarlos?
Es por este tipo de situaciones que me preocupa el rumbo que está tomando este país donde la irresponsabilidad y el crimen, en lugar de ser castigados, son premiados por las políticas estatales.
Conclusión: La formación referente a la sexualidad se debe impartir por los padres o por los titulares de la custodia del menor, no por Gina Parody a través de su corrupta cadena de mando.