Hace algunos días, Vicky Dávila publicó un video en el que afirmaba que el peor enemigo del cese de hostilidades entre el Gobierno Santos y la guerrilla de las FARC no pasa ni por ningún político, llámese Álvaro Uribe, o Alejandro Ordoñez, o Paloma Valencia, o María Fernanda Cabal. No, el mayor enemigo de todo este proceso, y de paso de todos los ciudadanos colombianos se llama: NARCOTRÁFICO.

Es por causa del narcotráfico que Colombia se ha mantenido en un estado de exaltación perpetua, porque los grupos criminales encuentran en ese «negocio» el combustible necesario para mantenerse vigentes. De allí salieron las monstruosidades de los Carteles de Cali y Medellín, de las FARC, el ELN, de las AUC y de las más contemporáneas BACRIM. Y el negocio de la droga no es sólo adictivo para el que la consume, sino para el que se lucra de ella.

En este cuarto punto del acuerdo entre el Gobierno Santos y las FARC (Título original: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera) se habla de la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Y por supuesto hay que analizarlo.

En este punto se habla en primera medida de un Plan Nacional Integral de Sustitución, que palabras más, palabras menos, dice que cada caso de producción de droga es único y particular y que no se debe meter a todos en el mismo saco. Es decir se trata de una construcción jurídica lo suficientemente ambigua como para que nadie que haya cultivado y/o comercializado drogas salgan libres de polvo y paja de la situación. Hasta ahí no tengo inconvenientes, puesto que con el fin que esa guerrilla se desmovilice estoy de acuerdo en un perdón a estos delitos, siempre que no vuelvan a reincidir en ellos. Pero sigamos analizando.

El acuerdo sigue y habla de que esta sustitución debe ser voluntaria. Es decir, se debe llegar a acuerdos con los cultivadores de drogas, que el acuerdo presume que son todos campesinos (ni idea por qué) y se debe negociar con ellos el plan de sustitución. Esto establece implícitamente que no pueden haber aspersiones aéreas, ni grupos de guardabosques dedicados a la erradicación manual, ni nada.

El cambio es voluntario y no tiene un límite de tiempo y es en el estilo «o me convences o sigo en lo mismo». Y lo más curioso del acuerdo, es que mientras los cultivadores se deciden o no, el gobierno debe cuidarlos. Es decir, el ejército va a cuidar cultivos ilícitos. No sé si es porque yo seré «más papista que el Papa», pero que la fuerza que se encarga de proteger la constitución, acceda a proteger una actividad a todas luces ilícita para mí no tiene la más mínima lógica.

Así mismo el acuerdo establece que todo aquel cultivador de drogas, inclusive si no es de las FARC, tendrá dos años para decirle al gobierno «ok, creo que ya me aburrí de cultivar drogas, ya tengo todos los dólares que necesito para retirarme» y el gobierno está obligado a decir «muy bien mijito, lo felicito y todos sus crímenes quedan perdonados».

A partir de allí el acuerdo establece una serie de acciones complementarias para aquellos que en definitiva sí deseen pasar a la agricultura. Aquí el acuerdo establece dos tipos de medidas, unas dirigidas a las zonas y otras dirigidas a los núcleos familiares.

Si bien, la parte de las medidas dirigidas a las zonas donde se implementará la sustitución me parecen acertadas, en lo concerniente a vías, servicios de salud y recuperación de suelos, la parte que enfatiza en la parte del núcleo familiar es (otra vez) una fotocopia de los planes de producción en Venezuela, donde ya probaron ser un fracaso, precisamente porque parten de la filosofía de que es mejor regalar el pescado que enseñar a pescar.

Finalmente el acuerdo pasa por la parte de la política estatal hacia el consumidor. En los comerciales del gobierno habla de que se dará un enfoque de «derechos humanos» al consumo. Y sí es el enfoque de «derechos humanos» que se aplica en este país, quiere decir que cada quien hace lo que le da la gana y luego los contribuyentes son los que pagan los platos rotos.

En efecto, en este apartado el Gobierno se echa la responsabilidad de encargarse de la creciente masa de adictos a las drogas ilícitas. Aquí, lo lamento en el alma, pero aunque hay casos donde los individuos son forzados a volverse adictos, como por ejemplo, en la trata de personas, en la gran y amplia mayoría de casos el adicto entró en el consumo por voluntad propia, y en estos casos surge el interrogante ¿tiene el Estado que sacrificar el dinero de las escuelas, los hospitales y las vías para atender la irresponsabilidad de otros?

Y muy al estilo de Bolivia, el acuerdo también señala que en Colombia se debe respetar el «uso ancestral» de la hoja de coca.

El resto del acuerdo hace referencia a un montón de cosas que el gobierno ya debe estar haciendo, como por ejemplo, planes diferenciales en las comunidades para prevenir el consumo de sustancia ilícitas, seguimiento a su cadena de distribución, el establecimiento de una cultura que esté en contra del narcotráfico y el lavado de activos.

Pero en el punto 4.3.5 deja muy abierta la posibilidad que en conjunto con otros países (y señala específicamente a UNASUR y CELAC, es decir, a Ernesto Samper y a Nicolás Maduro) se llegue a consensos donde se de un enfoque diferencial a la lucha contra las drogas. Es decir, que se contemple la posibilidad de legalizar la producción.

Nuevamente, al igual que en el punto UNO, lo que se plantea aquí no es del todo negativo, salvo por la exigencia de endilgarle al gobierno la responsabilidad por todas las adicciones a las drogas. Pero salvo por eso, este punto si se cumple tal y como aparece aquí, sería positivo para el país, pero teniendo en cuenta que la mitad de este acuerdo ya está estipulado en forma de leyes, directrices y políticas que NO se han cumplido ¿podemos esperar que esta vez sí se haga?  ¿podemos confiar en que la adicción de las FARC a la distribución de drogas se puede terminar? ¿por qué no se menciona nada sobre el dinero, o los bienes que tienen las FARC como consecuencia de esta actividad?

Pero haciendo el ejercicio de ser optimistas, y creyendo que con una política agraria seria, se va a reducir el consumo, y por tanto los casos de adicción, y también teniendo en cuentas las dudas que esto genera en esta parte del acuerdo le voy a dar 0,75 puntos al SÍ y 0,25 puntos al NO. Por lo que en la cuenta general el resultado va así:

SÍ (2,00) – NO (2,00)