¿Cuál Es el Remedio contra la Corrupción?

El proceso 8000, Foncolpuertos, Dragacol, Interbolsa, el Carrusel de la Contratación, Interbolsa, Saludcoop, Reficar, Odebrecht. Los anteriores son apenas unos cuantos, de la siempre creciente lista de casos de corrupción que han azotado y siguen azotando a nuestro país, negocios dónde algunos como Ernesto Samper, Carlos Gonzáles, Mauricio Cárdenas, Rodrigo Jaramillo, los Nule, Carlos Palacino, Juan Carlos Echeverry y Juan Manuel Santos utilizaron el poder que les fue confiado por la ciudadanía y el aparato estatal, para enriquecerse o para pagar favores previos a punta de contratos multimillonarios asignados a dedo, en detrimento del bienestar público.

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Con esta larga lista de escándalos, sin mencionar aquellos que no alcanzaron a llegar a la prensa, y los muchos más que ni siquiera han salido a la luz pública; no sorprende que Colombia se encuentre en el mismo nivel de corrupción que países como Zambia, Liberia y El Salvador, en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional.

Índice que tiene en cuenta datos de todo el planeta y que ha considerado también una larga serie de escándalos de corrupción internacionales como el de Johnson & Johnson, que pagó millones en sobornos a empleados de los servicios de salud de Grecia, Polonia y Rumania para darle prioridad a sus productos; el de Alcatel, que pagó otra cantidad similar para obtener contratos estatales en Centroamérica y el este de Asia; y el de la FIFA donde compañías de medios pagaron millones por debajo de cuerda para obtener los derechos de transmisión de sus eventos deportivos.

Sí, en efecto la corrupción es un fenómeno global y muchos creen que es imposible frenarla o detenerla, porque el ser humano, sin importar su raza, su país o su cultura, es propenso a la deshonestidad. Sin embargo, aunque pareciera una broma sí existe una manera rápida y efectiva de acabar definitivamente con la corrupción y no es precisamente recogiendo firmas, para después venderlas al mejor postor en la elección del 2018, como anda haciendo la Senadora Claudia López en estos días y en la que promete bajarle el salario a los congresistas. No, es algo mucho más práctico.

De hecho, reducir los ingresos de los funcionarios públicos, sobre todo el de los funcionarios de alto nivel como congresistas, magistrados y ministros (y hasta del propio presidente) por muy injustos que nos parezcan sus altísimos salarios, puede ser contraproducente a corto y largo plazo, puesto que una reducción en sus ingresos puede hacerlos aún más proclives a recibir propuestas de sobornos, ya sea de multinacionales como Odebrecht, o de grupos al margen de la ley.

Y sí, se pueden hacer muchos esfuerzos para paliar las practicas corruptas y deshonestas como asignarle un carácter público y abierto a todos los procesos de recolección de impuestos, creación de presupuestos y contratación estatal; aumentar las penas de cárcel y las sanciones para los corruptos; o procurar el intercambio de información con autoridades internacionales, e incluso la misma colaboración de la ciudadanía tanto en la denuncia de estos casos criminales, como en la creación de una cultura anti-corrupción.

Pero estos esfuerzos siempre se quedarán cortos porque en la medida que exista alguien con poder, y alguien más con dinero, interesado en utilizarlo, habrá corrupción. Entonces ¿cuál es el remedio contra la corrupción?  La respuesta es muy sencilla: disminuir el tamaño del Estado.

En efecto, a diferencia de lo que clama Claudia López en su constante gritería en los medios de comunicación, el problema no es que los congresistas ganen mucho, el problema es que son muchos, demasiados para un país con cincuenta millones de habitantes y que con la implementación de los Acuerdos de La Habana, serán muchísimos más. Esta superpoblación de funcionarios públicos se refleja también en el número de ministros que tiene el Gobierno en el Gabinete y mucho más en el número de magistrados, del también inflado número de Cortes Judiciales que tiene Colombia y también, de los Órganos de Control. Con tantas aristas y cabos sueltos en la función pública de alto nivel, no sorprende que haya tanta corrupción.

El primer paso que Colombia debería dar para ponerle punto final a la corrupción es el de hacer una reforma constitucional, o en el caso más extremo, una Asamblea Nacional Constituyente que reduzca el congreso a una expresión mucho más acorde con la realidad fiscal y poblacional del país. Quizás un congreso unicameral de 100 congresistas, uno por cada entidad territorial y los otros 68 por circunscripción nacional.

Pasar de 4 Súper Cortes como lo son la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Consejo Superior de la Judicatura, a una sóla Corte Suprema de Justicia, que a través de comités o salas tome las funciones de estas cortes inútiles. Y también reducir el número de ministerios, que en su mayoría están llenos de puestos que se usan para comprar voluntades políticas.

No quedaría completa esta reforma, si en lugar de haber Fiscalía, Procuraduría, y Contraloría, existiera una sola entidad encargada del control y vigilancia, una Súper Fiscalia, que ahorraría los enormes costos que tiene el investigar el mismo escándalo en tres entidades diferentes. Eso sin contar con la reducción de todos los puestos de corbata, aquellos ofrecidos por políticos, en entidades como las Corporaciones Autónomas, las Secretarías de las Entidades Territoriales y otra serie de empresas y entidades públicas que en lugar de ganancias, sólo generan pérdidas y desesperación en sus usuarios.

Es así, reduciendo el tamaño del Estado y en consecuencia el monto de dineros públicos a los que accede a través de los impuestos, que la corrupción puede terminar de una vez por todas. Por supuesto, que el Estado debe seguir manteniendo hasta cierto grado la responsabilidad sobre temas como la construcción de vías, la seguridad, la educación y la salud, pero con límites. La experiencia de otros país ha demostrado que los países se interconectan más fácilmente con la iniciativa privada que con las concesiones públicas y hasta sale más barato para el ciudadano; que la seguridad se puede apoyar en la acción ciudadana; y que la salud y la educación pueden ser más eficientes si las entidades que las prestan compiten entre ellas por los recursos disponibles.

Pregunten, ahora sí, si en este país existe la voluntad de la ciudadanía y de los políticas para hacer este tipo de reformas y así no volver a tener otro Reficar u otro Foncolpuertos…

 

 

 

 

 

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